En los próximos años, empresas y autónomos deberán adaptarse a nuevas obligaciones en materia de facturación derivadas de dos leyes que marcarán un antes y un después en la digitalización fiscal y comercial en España: la Ley Antifraude y la Ley Crea y Crece. Aunque ambas se centran en la mejora de la trazabilidad y control de las operaciones económicas, tienen enfoques, objetivos y aplicaciones muy distintos.

La Ley Antifraude, aprobada en 2021, tiene como principal objetivo luchar contra el fraude fiscal. Impulsada por el Ministerio de Hacienda y Función Pública, establece que los programas de facturación deberán cumplir con estrictos requisitos técnicos que garanticen la integridad, trazabilidad e inviolabilidad de los registros. Una de las formas más relevantes de cumplir con esta normativa será mediante el uso de sistemas VeriFactu, que permiten enviar automáticamente las facturas a la Agencia Tributaria.

Esta ley afecta a todas las empresas y autónomos que emitan facturas y tengan sede en territorio común español, con algunas excepciones: las empresas del País Vasco y Navarra, los contribuyentes obligados al Suministro Inmediato de Información (SII), determinadas operaciones del régimen especial de agricultura, ganadería y pesca, y aquellas actividades exentas de obligación de facturar. La Ley Antifraude es de cumplimiento obligatorio desde el 1 de julio de 2026, tanto para desarrolladores de software como para pymes y profesionales.

En este contexto, contar con el acompañamiento de expertos resulta clave. Empresas como Invoway, que conocen en profundidad el funcionamiento de VeriFactu y la normativa técnica asociada, pueden ayudar a asegurar el cumplimiento desde el primer momento.

Por otro lado, la Ley Crea y Crece, aprobada en 2022, tiene una finalidad distinta: combatir la morosidad en las relaciones comerciales. Esta norma, impulsada por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, establece la obligación de emitir, enviar y recibir facturas electrónicas en todas las transacciones entre empresas y autónomos. Es decir, a diferencia de la Ley Antifraude, que se centra en el control fiscal, esta ley busca mejorar la transparencia y trazabilidad de los pagos entre operadores económicos.

La Ley Crea y Crece afecta exclusivamente a las relaciones entre empresarios y profesionales (B2B), y no a las transacciones con consumidores finales. Aunque su entrada en vigor está prevista también a partir de 2026, el calendario de aplicación será progresivo y aún está pendiente de concreción mediante desarrollo reglamentario.

En resumen, mientras que la Ley Antifraude obliga a emitir facturas seguras y registradas en tiempo real con Hacienda, la Ley Crea y Crece impone el uso de la factura electrónica en los intercambios comerciales entre empresas y autónomos. Ambas normativas forman parte del impulso a la digitalización y modernización económica, y su cumplimiento será clave para operar legalmente en el futuro inmediato.

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